La intensidad de la crisis de la deuda soberana en la eurozona ha conducido a un lógico examen de episodios precedentes que puedan arrojar alguna luz en la búsqueda de una salida a la complicada tesitura actual. Entre las experiencias con mayor potencial instructivo se menciona habitualmente la crisis de la deuda de América Latina de la década de 1980. Se trata de una buena elección toda vez que las analogías con la crisis europea, y especialmente con la de Grecia, son notorias.
Repasemos brevemente la génesis de la crisis latinoamericana. El fuerte proceso de acumulación de deuda en América Latina se debió a la confluencia de tres factores: la abundancia de capitales derivada de los ingresos que las subidas del petróleo de los setenta generaron en países exportadores, el descenso del tipo de interés real y un cambio de expectativas sobre las perspectivas de crecimiento en América Latina fundamentado en la aceleración de sus procesos de modernización
Como resultado, durante la década de 1970 la deuda total (pública y privada) creció a tasas superiores al 20% anual acumulativo. La mitad de la deuda la concentraron Brasil y México, y en un 80% era deuda soberana, típicamente instrumentada mediante créditos de bancos norteamericanos, denominados en dólares y con revisión semestral del tipo de interés. La exposición de la gran banca de Estados Unidos a la región era muy acusada: los 8 primeros bancos mantenían aproximadamente el 23% de los créditos a la región.
La etapa de crecimiento acelerado de la deuda finalizó bruscamente y su detonante fue externo a la región y de carácter macroeconómico: el inicio de la política de tipos de interés altos de la Reserva Federal condujo a una fuerte apreciación del dólar y a un aumento notable del tipo de interés que los países deudores debían afrontar. En 1982, México declaraba su incapacidad de atender los intereses de su deuda externa, iniciándose una cascada de decisiones similares que acabarían arrastrando a 27 países en vías de industrialización, la mayoría latinoamericanos.
Hasta aquí las similitudes entre los antecedentes de la crisis de la deuda europea (y más estrictamente, griega) y la latinoamericana son apreciables, ya que comparten una financiación barata y abundante (sustituyendo los petrodólares de los setenta por los euros provenientes de Alemania y otros países con exceso de ahorro de Europa), unas
expectativas de crecimiento futuro fuerte y sostenido, una notable exposición de los bancos de los países acreedores, una deuda denominada en una divisa que no se controla (el euro en Grecia, el dólar en Latinoamérica) y un detonante macroeconómico de la crisis. Veamos ahora si de las soluciones que se intentaron en los ochenta también pueden extraerse paralelismos.
La gestión de la crisis pasó por tres etapas claramente diferenciadas. La primera, entre 1982 y 1985, se centró en arbitrar medidas de financiación extraordinaria pero a corto plazo (con participación pública y privada), reestructuración de parte de la deuda (es decir, modificación del calendario de vencimientos del principal y de pago de intereses) y exigencia de un fuerte ajuste macroeconómico en los países deudores. Es la respuesta lógica a una situación que se entendió como de problemas de liquidez. Asimismo se adoptaron medidas legislativas en Estados Unidos para evitar que los bancos tuvieran que reconocer plenamente las pérdidas esperadas por el impago de la deuda.
A finales de 1985 quedó claro que el horizonte a corto plazo de la estrategia de resolución de la crisis no era adecuada y que las consecuencias recesivas del ajuste también tenían que integrarse en ella. Se entra en una segunda etapa (1986-1988) en la que se aplican las propuestas que James Baker lanza en septiembre de 1985. Bajo el lema de «ajuste estructural con crecimiento», se reforzaron los ejes anteriores (nuevas reestructuraciones de la deuda y más créditos públicos y privados), pero se reorientaron estas acciones a finalidades más estructurales, exigiendo también procesos de reforma económica.
Finalmente, en 1989, el nuevo secretario del Tesoro, Nicholas Brady, propone cambios notables en la estrategia de Baker. El Plan Brady partía del reconocimiento que la crisis tenía su origen en la falta de solvencia y no en meros problemas de liquidez. Ello comportaba la necesidad de reducir la deuda (y no sólo cambiar el calendario de vencimientos).
Este enfoque centraba los diferentes instrumentos del Plan Brady. En primer lugar, se ampliaba la
financiación de los organismos internacionales multilaterales pero, a diferencia de en las etapas anteriores, esta se destinaba fundamentalmente a permitir que los gobiernos acreedores pudiesen llevar a cabo operaciones de recompra de deuda y otras actividades financieras destinadas a reducir dicha deuda.
