Además, uno de los pilares que podría sostener la credibilidad de la política fiscal está seriamente cuestionado. Estados Unidos cuenta con un techo de deuda (cuantía máxima que puede alcanzar la deuda del Gobierno central, llamado Federal en Estados Unidos, cada año) que necesita la aprobación del Congreso para ser aumentado. Sin embargo, el techo no supone ningún límite efectivo ya que, casi siempre que ha sido necesario, se ha revisado al alza sin mayores complicaciones.
De hecho, el techo de deuda, además de estar lejos de ser un instrumento para el control de las finanzas públicas, está dificultando la definición de un plan de ajuste fiscal. Ello se puso de manifiesto en verano del pasado año, cuando fue necesario un nuevo aumento para poder refinanciar el vencimiento de la deuda. Esta vez, sin embargo, las diferencias entre demócratas y republicanos demoraron la aprobación del aumento hasta un día antes del vencimiento, alimentando así los rumores sobre su posible impago. El motivo de las diferencias: la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos sobre el cómo y el cuándo se debe llevar a cabo el proceso de consolidación fiscal.
Las muestras de parálisis política, prácticamente inédita en Estados Unidos, justificaron la retirada de la máxima calificación crediticia, la triple A, por parte de la agencia Standard & Poor’s. Además, la agencia considera que el acuerdo alcanzado entre republicanos y demócratas «es insuficiente para estabilizar la deuda a medio plazo».(2) Concretamente, en la Ley de Control Presupuestario aprobada el verano pasado se autoriza un incremento del techo de deuda en 2,1 billones de dólares (el 14% del PIB de Estados Unidos de 2011) en 10 años. El incremento se realiza de forma paulatina y ofrece margen suficiente para no volver a aumentarlo, previsiblemente, hasta pasadas las elecciones de noviembre.
A cambio se establece una reducción del gasto corriente en 917.000 millones durante los próximos 10 años, que entraba en vigor de forma inmediata, y se creaba una comisión bipartidista, denominada «Supercomité», con el objetivo de identificar 1,5 billones adicionales de ajuste estructural también en los siguientes 10 años. La ley, además, estipulaba que si el Supercomité no llegaba a un acuerdo antes del 23 de noviembre se procedería a un ajuste automático de 1,2 billones, cuyo coste se repartiría a partes iguales entre gasto doméstico y defensa.
Finalmente, el Supercomité no alcanzó un acuerdo y, por tanto, los ajustes automáticos comenzarán en enero de 2013. De esta manera se pretende estabilizar la deuda y colocar a Estados Unidos en la línea azul mostrada en el gráfico siguiente (escenario central). Tanto el recorte en Defensa como en gasto doméstico no están detallados, y quedan exentos de recortes la Seguridad Social, Medicaid (sanidad para personas con bajos ingresos) y otros programas para personas de renta baja. Esta falta de concreción posiblemente dará lugar a nuevas rondas de negociaciones después de las elecciones de noviembre.
Aunque no hay ningún signo que indique que una tragedia es probable o inminente, cuanta más alta es la deuda mayor es el riesgo, así como aumenta la probabilidad de que se produzcan bajadas adicionales de rating. El público es voluble y la experiencia europea demuestra que cuanto más tarde se produzcan los ajustes, más dolorosos son, y que no es lo mismo realizarlos en épocas de bonanza que de incertidumbre. Estados Unidos ha optado por esperar a tiempos mejores y, de momento, parece que le va bien.
Fuente: S.E. Lacaixa
