Con la mitad de 2012 discurrido, tres cuestiones siguen siendo las fundamentales a fin de establecer un cierto balance de situación en Europa emergente: la intensidad del contagio financiero que la crisis de la deuda está comportando, la situación de Hungría y el grado de ralentización de la actividad.
Hungría y Rumania se ven más afectadas por el episodio de estrés financiero vivido tras las primeras elecciones griegas. Empezando por el primero de estos interrogantes, la evolución de la prima de riesgo, medida por la cotización de los credit default swaps del bono soberano a tres años, indica que el fuerte estrés financiero generado por la combinación de las dudas sobre las elecciones griegas y la incertidumbre sobre la situación de España e Italia (por tanto, entre principios de mayo y la actualidad) ha sido más apreciable en el caso de Hungría y Rumania y más moderado en los de Polonia, la República Checa y Eslovaquia. La situación de estos tres últimos países refleja una preocupación mínima en materia de solvencia del sector público y unos vínculos directos (tanto comerciales como financieros) con Grecia reducidos. Rumania contrasta precisamente en ese último aspecto, ya que la notable importancia de los bancos helenos en su mercado bancario nacional y unos vínculos comerciales estrechos están reflejándose negativamente en la prima de riesgo del país.
El caso de Hungría es más complejo. Como es conocido, fruto de unas necesidades de financiación exterior para 2012 relativamente elevadas (lejos, con todo, de una inmediata incapacidad para hacerles frente), ya en noviembre pasado el Gobierno solicitó asistencia financiera a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, en un horizonte de más largo plazo, preocupaba a los mercados financieros una situación de endeudamiento público entre las más elevadas de la región (del orden del 80% del PIB).
Tras solicitar la financiación multilateral, las negociaciones se detuvieron debido a que el Gobierno sorprendió a finales de 2011 con la adopción de una nueva normativa restrictiva de la independencia del banco central húngaro. Asimismo, se constató una evolución presupuestaria falta de ajuste, provocando que las instituciones comunitarias, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, decidiesen retirar parte del fondo de cohesión a partir del 1 de enero de 2013.
