El problema de fondo, como hemos visto, no es la solvencia de los bancos sino el hecho de que, por un diseño institucional incorrecto, se ha puesto en cuestión la solvencia de los estados miembros de la eurozona. Es importante resaltar que esta deuda ha formado parte históricamente del balance de las entidades financieras, siendo además el mejor activo en términos de riesgo, con un coste de capital nulo según determinación de las entidades reguladoras.
El objetivo, por tanto, debe ser restaurar la calidad de la deuda soberana; no suponer, como se ha hecho, que ha perdido valor, y exigir a las entidades compensar con nuevo capital estas hipotéticas minusvalías.
Esa exigencia, junto con el requisito de mayo-res niveles de solvencia (hasta un 9% del total de activos ponderados por riesgo), conduce al sector a un proceso acelerado de recapitalización que puede tener efectos especialmente nocivos para la actividad económica.
En definitiva, el propio comité de Basilea ha advertido a menudo sobre los efectos procíclicos de los aumentos en los coeficientes de solvencia regulatorios. Esta es una medida que tal vez sea beneficiosa en el largo plazo para prevenir crisis bancarias, pero que tiene efectos negativos sobre la disponibilidad y el coste del crédito si se aplica de manera apresurada, como está sucediendo.
Los acuerdos del Consejo Europeo y la Cumbre del Euro mencionan, como ya he indicado, la necesidad de avanzar en los problemas de fondo de diseño de la Unión. Pero el esfuerzo
es políticamente insuficiente, e incompleto, en la medida en que se centra en los problemas de integración y disciplina fiscal, sin plantear un enfoque claro en las cuestiones de los des-equilibrios externos y los esquemas de resolución de crisis.
Como he enfatizado en esta breve nota, la ausencia de medidas concretas que avancen en la integración política es especialmente preocupante. Compartir con éxito una moneda única exige no sólo el respeto a unas reglas fiscales sino una clara convergencia en estructuras e instituciones económicas, y unos mecanismos políticos que permitan corregir con prontitud los procesos de divergencia y los desequilibrios financieros generados.
Puesto que los países miembros de la UEM no están dispuestos a mitigar o resolver los des-equilibrios estructurales en el seno de la Euro-zona mediante transferencias fiscales, es imprescindible desarrollar las herramientas de integración política que impidan la aparición de grandes diferencias en niveles de crecimiento de las productividades y de desequilibrios de pagos importantes.
Si estos desequilibrios tienden de todos modos a generarse, la viabilidad de la UEM a largo plazo exigirá un considerable aumento de la movilidad del factor trabajo en el conjunto de la zona y una flexibilización de las economías afectadas de tal modo que la pérdida de competitividad relativa se compense mediante un ajuste a la baja en los niveles de precios y costes.
En ausencia de estos cambios institucionales, es difícil esperar una resolución duradera de la crisis de deuda soberana, puesto que continuarán en pie, después de esta crisis, los factores que, ante diversos shocks externos, podrán generar de nuevo graves desequilibrios que pongan en cuestión la viabilidad de la unión.
