Las manifestaciones de septiembre–octubre de 2007 que reunieron a decenas de miles de monjes budistas y laicos en Rangún y en otras ciudades del país son la expresión de diecinueve años de frustraciones con el régimen militar. La Junta reaccionó tal y como se esperaba: reprimiendo brutalmente a los manifestantes, tanto si llevaban la túnica roja de los bonzos como si no. El 26 de septiembre, los militares abrieron fuego contra la multitud. Así cayeron las primeras víctimas. Por la noche, centenares de bonzos fueron golpeados, arrestados y encarcelados.
Inicialmente, las causas de estas manifestaciones eran económicas: la exasperación de la población por el aumento del 60% (gasolina) al 500% (gas natural comprimido) de los precios de los carburantes, adoptado brutalmente por el régimen el 15 de agosto, originó el movimiento de protesta. A raíz de estos aumentos, los precios de los billetes de autobús y de los alimentos básicos se duplicaron de inmediato. Pero el poco respeto que mostraron los militares con respecto a los bonzos que se manifestaban en Pakkokku (que fueron atados a un árbol y apaleados) también suscitó la cólera de la comunidad monástica y de la población, muy vinculada a los representantes del budismo. Frente a un régimen que ejerce un control total sobre el país y que no duda en emplear la fuerza, el movimiento de protesta fue más la expresión de una desesperación que una estrategia para conseguir algunos objetivos políticos.
Las fuertes reacciones internacionales posteriores a la represión de finales de septiembre no parecieron surtir mucho efecto. Sin embargo, el 12 de octubre China se sumó por primera vez, a una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba la represión y reclamaba la abertura de un diálogo con la oposición y la liberación de Aung San Suu Kyi. La Unión Europea, Estados Unidos y Australia impusieron nuevas sanciones. Evidentemente, el Comité de Estado para el desarrollo y la paz –nombre de la Junta– evocó la idea de un “diálogo directo” entre Than Shwe, el líder del régimen, y la opositora Aung San Suu Kyi.
El 25 de octubre se organizó un primer encuentro entre ésta y el general retirado Aung Kyi, con fama de pragmático y que fue nombrado oficial de enlace en el marco de estas negociaciones. Por primera vez desde 2003, el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Myanmar, Sergio Paulo Pinheiro, fue autorizado para visitar el país, mientras que Ibrahim Gambari, el enviado especial de las Naciones Unidas, no consiguió nada importante.
El país todavía no dispone de una Constitución. Si se adopta el proyecto de ley fundamental que esta en curso, que no es más que un montaje llevado a cabo por el actual poder militar, es más que probable que las minorías étnicas lo impugnen o, como mínimo, no lo apliquen; además, despojada de su sustancia, la oposición tiene poca influencia y, de hecho, el principal movimiento político, la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, no pudo hacer nada en septiembre-octubre de 2007.
La junta impuso unas condiciones tan duras para iniciar el diálogo –como por ejemplo la denuncia de las sanciones internacionales por la carismática Aung San Suu kyi, la interrupción de las “prácticas obstruccionistas”– que será difícil que pueda llevarse a cabo. Por último, el régimen militar ya ha dejado claro que la liberación de Aung San Suu Kyi no se producirá antes de la adopción de una nueva Constitución. Más allá, ¿cabe esperar un verdadero cambio? Si éste llega a producirse, sólo puede ser fruto de la agitación en el interior de la propia Junta militar, por ejemplo, con el aumento de las tensiones entre el número uno del régimen, el general Than Shwe, y el número dos, el general Maung Aye, jefe del Ejército de tierra.
El ejército birmano, equipado por China desde 1990 –los expertos hablan de una suma total de 1.500 millones de euros– ha duplicado su tamaño y ha adquirido los medios para mantener a raya a la mayoría de las guerrillas étnicas, en la periferia de la Unión y cada vez más dispuestas a firmar acuerdos de alto al fuego.
En estas condiciones, no es pues sorprendente que la economía siga deteriorándose. Según un estudio de las Naciones Unidas, el 90% de las personas ganan como máximo 310.000 kyats al año (170 euros). Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que el 10% de los birmanos vive por debajo de la línea de pobreza alimentaria, es decir, que no puede diversificar lo suficiente su régimen alimentario para alcanzar el nivel mínimo de calorías. Los problemas sociales y humanitarios se agravan.
Las consecuencias sociales de la degradación económica se ven por todas partes.
