La resolución de la crisis del euro exige, por supuesto, acuerdos que afronten los problemas urgentes, como los adoptados por el Consejo Europeo y la Cumbre del Euro del pasado día 26 de octubre de 2011. Pero estos acuerdos, a los que además les falta concreción, van a ser insuficientes en la medida en que no se aborde con suficiente decisión el problema de fondo de diseño de la Unión.
Los acuerdos de octubre amplían los alcanza-dos en el mes de julio, tratando de reforzar la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), modificando las condiciones del res-cate de Grecia –con mayor aportación de dinero público y más participación de los acreedores privados–, e imponiendo condiciones a los países que, como Italia y España, se encuentran ahora en el ojo del huracán. Aunque no de manera explícita, estos países van a contar indirectamente con el apoyo del Banco Central Europeo mientras duren las turbulencias, pero a cambio tienen que proseguir una senda clara de ajustes fiscales y reformas.
El grueso de las medidas se centra por tanto en los problemas urgentes mientras, a modo de complemento, se incluyen algunas ideas para avanzar en el establecimiento de una mejor gobernanza económica de la zona euro.
Las medidas para atajar el problema griego y evitar el contagio a otros países de la periferia van en la dirección correcta, pero serían insuficientes, incluso si hubieran sido acompaña-das de una declaración política más decidida a favor de los cambios institucionales.
En el caso de las nuevas condiciones del recate griego y de la FEEF son insuficientes porque su operatividad va a depender en gran medida de la reacción de los propios inverso-res, y no tanto de las decisiones que han adoptado las autoridades. La aceptación de los acreedores privados de la quita griega de-penderá de los detalles de su implementación y las nuevas capacidades de la FEEF dependen de la aportación de fondos por parte de inversores internacionales.
Los países de la eurozona no han comprometido más dinero para neutralizar los ataques especulativos contra los países, como España e Italia, que tienen problemas de liquidez pero no de solvencia.
Las medidas a corto plazo no son sólo insuficientes. En la práctica pueden llegar a ser incluso contraproducentes. No se ha abordado la cuestión del crecimiento económico en la Eurozona y, de hecho, las decisiones de octubre se han acompañado de una controvertida recapitalización bancaria que probablemente tenga efectos muy adversos sobre la actividad económica de la zona.
Una estrategia de crecimiento exigiría que los países de la eurozona con mayor margen fis-cal atenuaran temporalmente el ritmo de consolidación fiscal, al objeto de evitar que la reducción simultánea de los déficits fiscales en toda la Unión comporte una reducción demasiado abrupta de la demanda agregada y por tanto del producto.
Al fin y al cabo la eurozona, en su conjunto, es una economía relativamente cerrada, y lo que puede ser adecuado al nivel de un país concreto puede dejar de serlo si se tiene en cuenta la interacción del conjunto de países de la zona. La coordinación de los ajustes fiscales, por desgracia, no ha formado parte de la agenda de los Consejos de octubre.
En cuanto a la recapitalización, se trata de una medida que trata de afrontar los problemas de cierre de los mercados de deuda bancaria en Europa. Sin embargo es una medida inadecuada y contraproducente. Inadecuada porque parte de un diagnóstico incorrecto del proble-ma1. Es verdad que los mercados de deuda bancarios están cerrados en Europa por la falta de confianza en las entidades, en gran parte en relación a sus carteras de deuda soberana.
