El PIB del segundo trimestre se ralentizó sensiblemente con un avance del 0,3% intertrimestral, aunque los efectos de base a raíz del tsunami de marzo de 2011 llevaron el crecimiento intertrimestral hasta el 3,6%. Por componentes, esta desaceleración supone un cierto retorno a la normalidad. El consumo privado que, de forma atípica para Japón, había sido motor del crecimiento del primer trimestre quedó prácticamente estancado, mientras que la inversión en equipo cambió retrocesos pasados por un avance del 1,5% intertrimestral. El sector público y el exterior también se ralentizaron notablemente, contribuyendo así a la desaceleración.
Las carencias energéticas derivadas del parón nuclear, agravadas por la reciente apreciación del petróleo, imponen cuellos de botella en los procesos productivos. Esto tiene una doble consecuencia. En primer lugar, compromete el crecimiento, al afectar a la producción industrial y a las exportaciones, que han sido el principal motor del crecimiento de los últimos años. El índice de producción industrial, pese al leve repunte de junio, ha estancado su recuperación y está un 6,0% por debajo del nivel de febrero de 2011, previo a la catástrofe. Lo mismo ocurre con las exportaciones, que se han quedado un 18,9% por debajo del monto de 2008, año anterior a la crisis de 2009 que redujo los flujos comerciales en todo el mundo.
En segundo lugar, el estancamiento exportador ha provocado un déficit comercial inédito en la historia reciente de Japón, que alcanzó los 4,8 billones de yenes en el acumulado de los 12 meses hasta junio (un 1,0% del PIB). La persistencia de este déficit compromete el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente, cuyo superávit acumulado de 12 meses pasó de 20,7 billones de yenes en 2007 a 4,4 billones en junio de 2012. Esto supone un riesgo sobre la enorme deuda gubernamental, que es del 230% del PIB, introduciendo la posibilidad de una necesidad de financiación externa. De aquí las últimas medidas de ahorro fiscal que el ejecutivo aprobó a finales de junio, con un impuesto sobre las ventas que, del actual 5,0%, pasará al 8,0% en abril de 2014 y al 10% en 2015.
Este aumento impositivo coincidió con unos indicadores de demanda que vinieron a confirmar el repliegue del consumo y la vuelta a la atonía de la demanda interna. Si las ventas minoristas se ralentizaron en junio, la evolución de los precios confirma la continuidad de la dinámica deflacionista. El IPC de junio retrocedió un 0,1% interanual y el índice subyacente, el general sin alimentos ni energía, cedió un 0,6%.
