En ausencia de una elevada movilidad de los trabajadores, los desequilibrios de pagos sólo podían solucionarse o bien con una elevada integración política no contemplada en los Tratados, o con un cambio institucional en los países afectados.
Una reforma de las instituciones y los comportamientos habituales que permitiese un ajuste flexible a la baja de sus precios y costes, única manera de suplir la incapacidad de proceder a devaluaciones monetarias para recuperar la competitividad perdida; unas reformas de instituciones básicas de los sistemas económicos que, sin formar parte del arsenal de instrumentos de política de la UEM, aparecían como mucho a título de recomendaciones dadas por las autoridades europeas a los países que persistentemente mostraban tasas de inflación más elevadas y pérdidas constantes de productividad.
Sin movilidad laboral significativa entre países, e incluso con cierto grado de integración y control fiscal centralizado (que solucione los problemas de falta sincronía cíclica entre las diversas economías y la ausencia de disciplina presupuestaria) las pérdidas de competitividad entre zonas seguirían constituyendo un factor de inestabilidad de primer orden para la UEM a largo plazo.
En países con unión política, las tensiones se resuelven con mayor o menor éxito, mediante una mezcla de transferencias fiscales transitorias o permanentes, flujos migratorios y ajustes en los precios y costes, y correspondientemente, en los niveles de vida.
Pero la entrada en la zona euro supuso para muchos de los países incorporarse a una unión en la que ninguno de estos mecanismos podía funcionar con agilidad, por lo que el ajuste tenía lugar a través de la generación de paro en un marco de estancamiento económico que dificultaba aún más los problemas concomitantes de endeudamiento.
El edificio de la UEM adolecía de un serio defecto de diseño: la ausencia de mecanismos para garantizar la convergencia en productividades o, al menos, mitigar sus efectos en los desequilibrios de pagos.
