La autoridad de la presidenta Gloria Arroyo continúa disminuyendo en 2007: sin un gran proyecto ni ambición, si no es la de mantenerse en el poder, la presidenta se mueve entre escollos cada vez más numerosos y afilados. El ejército es un actor imprevisible y si, a día de hoy, la presidenta ha conseguido neutralizar sus ambiciones, es también gracias al apoyo directo de Estados Unidos, cada vez más im plicado en la gestión de la seguridad. Sin embargo, el alineamiento sistemático de la presidenta Macapagal Arroyo con las posiciones norteamericanas, la puesta en marcha de opera ciones antiterroristas en Mindanao y la ausencia de una solución política duradera en el caso musulmán ilustran la obstinación del poder americano y la complicidad arriesgada con comportamientos discutibles en nombre una realpolitik a veces desconectada de la realidad social.
Si en el terreno la situación se encuentra bajo “control” después de intervenciones conjuntas “difíciles”, en el fondo, el problema todavía está lejos de una solución: el asesinato de Wahab Akbar, miembro de la Cámara de Representantes el 13 de noviembre en Manila por la explosión de una bomba a la salida de una sesión del Congreso, ilustra las tensiones y el impasse político de estas repetidas operaciones militares. Akbar, un musulmán moderado originario de la isla de Basilan, de donde había sido gobernador, había sido objeto de diversas amenazas: el hecho de que no gozara de una mejor protección policial indica también la negligencia de las autoridades.
La Administración Arroyo fue de nuevo objeto de críticas cuando un informe de la Naciones Unidas, publicado el 26 de noviembre, acusó a las fuerzas armadas filipinas de estar implicadas en cientos de secuestros y asesinatos de militantes políticos durante los últimos años. Después de la publicación del informe, parlamentarios y organizaciones locales a favor de los derechos humanos pidieron la destitución inmediata de varios miembros de la administración de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, entre los que se encontraban el consejero para la seguridad nacional, Norberto Gonzales, y el jefe de las fuerzas armadas, el general Hermógenes Esperon Jr.; estas demandas no tuvieron el efecto esperado pero contribuyeron a debilitar al Ejecutivo.
Otra decisión criticada fue la puesta en libertad de Joseph Es tra da, ex presidente (1998-2001), condenado, el 12 de septiembre de 2007, a cadena perpetua por haber desviado el equivalente a 60 millones de euros durante su presidencia. Joseph Estada fue puesto en libertad el 26 de octubre después de más de seis años de encarcelamiento o de arresto domiciliario; la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, sin esperar el resultado de la apelación al tribunal, le concedió el perdón en nombre de la “reconciliación nacional”. Una de cisión que los principales periódicos no dudaron en calificar de “capitulación vergonzosa”.
